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El malestar social de Panamá podría sumarse al desafío de la meta de déficit del país


Por: Eddy Silvera

Asesor Financiero | Panamá




La respuesta de Panamá a los disturbios sociales tendrá implicaciones fiscales, cuya escala dependerá de la duración de la actividad de protesta, el tiempo que las medidas anunciadas permanezcan en vigor y si se anuncian nuevas medidas. Los resultados fiscales también reflejarán la continua capacidad de las autoridades para restringir el gasto.


Las recientes protestas a nivel nacional provocadas por el aumento del costo de vida son los disturbios sociales más significativos en Panamá en las últimas tres décadas. El 17 de julio, el gobierno acordó reducir los precios de la gasolina a USD 3,25 por galón (por debajo de un compromiso anterior de USD 3,95). También congeló los precios de 72 productos básicos, suspendió los aranceles de importación en artículos de bienes específicos, incluidos alimentos y bienes relacionados con la salud, y extendió las transferencias sociales de la era de la pandemia más allá de su eliminación programada en junio.


El gobierno ha aprobado gastar hasta USD 200 millones (0,3% del PIB) para subsidiar los costos de la gasolina durante tres meses. Las medidas anunciadas han aliviado un poco las tensiones, pero algunos líderes de las protestas las han calificado de inadecuadas y las protestas han continuado.


Por lo tanto, el impacto fiscal de las protestas sigue sin estar claro. Los subsidios anunciados podrían mantenerse por más tiempo si persiste el descontento social, o incrementarse o extenderse a otros bienes. Ahora parece probable que el costo de extender las transferencias sociales otorgadas a través de la pandemia supere los USD 400 millones presupuestados para 2022. Que los disturbios disminuyan también dependerá de los esfuerzos para abordar las preocupaciones más amplias de los manifestantes sobre la corrupción (audiencias preliminares relacionadas con el escándalo de soborno de Odebrecht, que ha visto a dos ex presidentes investigados, comenzó este mes) y el despilfarro del gobierno.



El presupuesto de 2022 apunta a un déficit del sector público no financiero (SPNF) del 4 % del PIB, por debajo del 6,7 % del año pasado y en cumplimiento de la ley de responsabilidad fiscal modificada, con una reducción impulsada principalmente por los ingresos, mientras que el crecimiento del gasto es limitado. Además de un aumento de USD300 millones en los dividendos del canal, las regalías mineras aportarán un mínimo anual de USD375 millones debido al nuevo convenio fiscal con la minera First Quantum. El gobierno estima que los ingresos adicionales del Canal de Panamá bajo su sistema de peaje modificado (que se introducirá el próximo enero) ascenderán a USD 295 millones en el año fiscal que finaliza en septiembre de 2023.


La recaudación de impuestos sufrió durante la pandemia ya que el PIB de Panamá se contrajo un 18% en 2020, pero la actividad económica se recuperó el año pasado y la recaudación superó sus niveles previos a la pandemia de 2019 en términos nominales en el 1S22. Los datos de alta frecuencia apuntan a que la recuperación post-pandemia se mantiene este año.

Sin embargo, la respuesta fiscal inicial a los disturbios apunta a mayores riesgos de que las autoridades no alcancen su objetivo de déficit para 2022. Como parte de su respuesta, el gobierno también se comprometió con medidas de austeridad para reducir el gasto corriente, incluida una reducción de la nómina del gobierno del 10%, la introducción de un programa de retiro voluntario y la suspensión de los aumentos salariales, y recortes en las compras de bienes y servicios del gobierno (como viajes). Sin embargo, los esfuerzos anteriores para reducir la nómina han dado poco resultado (aumentó al 6,0 % del PIB en 2021 desde un mínimo del 3,9 % en 2014) y parece poco probable que se logren ahorros grandes y rápidos a través de estas medidas, aunque los gastos de capital pueden recortarse para reducir las presiones de gasto.



El malestar social también puede tener implicaciones fiscales a mediano plazo si reduce las perspectivas de reforma del sistema de pensiones de beneficio definido, que ha avanzado muy lentamente y permanece en una fase de estudio. Esta será una fuente clave de presión fiscal en los próximos años, ya que se prevé que las reservas del sistema de pensiones se agoten para 2025.


 

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Eddy Silvera | Asesor Financiero | Panamá